Brasil y otros diez países investigarán en conjunto la trama de Odebrecht

BRASILIA, 17 FEB – Reunidos en Brasil para dar una batalla coordinada contra la corrupción, once fiscales latinoamericanos firmaron un convenio de cooperación y coincidieron en persuadir a la opinión pública sobre esta cruzada internacional. El foco propuesto por los fiscales brasileños, responsables de la causa Lava Jato, es la red de sobornos tejida por la constructora Odebrecht.
Los procuradores rubricaron un documento que resalta la importancia de “exhortar a los ciudadanos para que apoyen (…) a las instituciones que actúan contra la corrupción en los países firmantes”.
Dar el combate jurídico de forma “coordinada” es tan importante como esclarecer a la opinión pública sobre el significado de esta lucha, coinciden los procuradores que hoy sesionaban por segundo día en Brasilia.
El procurador brasileño Rodrigo Janot es el anfitrión de este cónclave que sus organizadores consideran “inédito” por el número de participantes y tener como objetivo desmontar el esquema organizado por la empresa con la complicidad de altos dirigentes políticos latinoamericanos.

El inicio de las investigaciones ocurrió en marzo de 2014, durante el gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, cuando fue abierta la causa “Lava Jato”, que los fiscales reunidos en Brasilia definieron como “el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil”.
En el marco de esa megacausa fue procesado el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder del PT, y están presos los dos ministros más importantes de su gobierno, José Dirceu, que fue jefe de gabinete y Antonio Palocci, de Hacienda.

El actual presidente, Michel Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), fue mencionado decenas de veces en las confesiones hechas por 77 ejecutivos de Odebrecht, que aceptaron colaborar con la Justicia.
Seis ministros de Temer renunciaron a sus cargos salpicados por sospechas de corrupción, mientras varios senadores y diputados del PMDB fueron citados en las “delaciones premiadas”, hechas por los arrepentidos.
Además de los líderes brasileños Lula y Temer, las investigaciones en curso en varios países descubrieron supuestos sobornos cobrados por el expresidente peruano Alejandro Toledo, y el actual mandatario colombiano, y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos.

Los once fiscales reunidos en Brasilia coincidieron en trabajar mancomunadamente por el “desmantelamiento de la corrupción transnacional fortalece las instituciones, propicia un ambiente económico positivo, y confiere legitimidad al sistema democrático”.
El jueves por la noche, y luego de horas de conversaciones reservadas, los once fiscales divulgaron la “Declaración de Brasilia sobre Cooperación Jurídica Internacional contra la Corrupción”.

El acuerdo destaca la “necesidad de fortalecer la cooperación jurídica internacional y auxiliar a los países interesados en obtener pruebas para dar continuidad a sus investigaciones”. Por otra parte se asumió el “compromiso de brindar la más rápida cooperación y promover la formación de equipos de investigación conjunta” para recuperar el dinero.
Las coimas pagadas por Odebrecht y su subsidiaria Brasken, del sector petroquímico, ascienden a unos 788 millones de dólares de acuerdo al cálculo elaborado por las autoridades de Estados Unidos.
Luego de casi dos años de negociaciones, a fines de 2016 el expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, aceptó acogerse a la delación premiada.

En una nota dirigida a la opinión pública la empresa reconoció haber “participado en actividades impropias, fue un gran error, fue una violación de nuestros propios principios, Odebrecht pide disculpas”. La Carta de Brasilia fue firmada por el brasileño Rodrigo Janot y sus colegas Pablo Sánchez Velarde (Perú), Alejandra Gils Carbó (Argentina), Jorge Abbott Charme (Chile) y Néstor Humberto Martinez Neira (Colombia), según reportó la Agencia Globo.
También rubricaron el acuerdo Galo Chiriboga Zambrano (Ecuador), Raúl Cervantes Andrade (México), Kenia Porcel Díaz (Panamá) , José António Lopes Ranito (Portugal), Jean Alain Rodríguez (República Dominicana) y Luisa Ortega Díaz: Fiscal General de la República (Venezuela).

 

Credito Efe