El Papa proclamará santos a Pablo VI y a monseñor Oscar Arnulfo Romero
Más de 7.000 fieles llegaron desde El Salvador a Roma para celebrar a su mártir. Romero fue asesinado hace 38 años por la ultraderecha en ese país.
TCG News Italia-. Hoy domingo 14 de octubre , en una plaza San Pedro repleta de fieles, Francisco proclamará santos a monseñor Oscar Arnulfo Romero, el arzobispo de San Salvador asesinado en 1980 por la ultraderecha militar, al Papa Pablo VI y también a cuatro santos de a caridad.
Gregorio Rosa Chavez, el estrecho colaborador de monseñor Romero, puesto de costado como obispo auxiliar de San Salvador, fue elevado al cardenalato por Francisco en homenaje a su lealtad y valentía. Este domingo el cardenal Rosa Chavez presidirá el bullicio y las plegarias de siete mil fieles que han llegado desde El Salvador para celebrar a su mártir.
Pocas veces una canonización colectiva ha suscitado tanto interés por la importancia en la historia de la Iglesia de Romero y Giovanni Montini, Pablo VI, la diversidad de sus circunstancias y el interés seguido de polémicas que suscitan sus figuras.
El Papa Francisco, frente a una imagen de monseñor Oscar Romero en 2015, el año de la beatificación./VICTOR SOKOLOWICZ
Han pasado 38 años desde su asesinato y la parábola de Romero es siempre la más dramática. Los sectores conservadores en El Salvador y el Vaticano combinaron sus influencias para bloquear durante 15 años la causa de canonización de “San Romero de América”, como ahora lo llaman. Francisco escribió que “el martirio de monseñor Romero no sobrevino solo al momento de su muerte. Fue un martirio de testimonianza anterior y posterior a su homicidio, porque ha sido difamado, calumniado, embarrado antes y después”. Fue mérito del actual Papa ordenar que se reabriera la causa de beatificación y canonización poco después de ser elegido, en 2013.
La santificación no pone fin al sufrimiento, como señala su hermano Gaspar, de 88 años, que estará presente en la plaza con todos los familiares del arzobispo mártir. Antes de ser asesinado, las amenazas y las difamaciones eran continuas. Por desgracia las calumnias han continuado después de su muerte”.
Nacido en una familia modesta, brillante laureado en la Universidad Gregoriana de Roma, en 1970 fue promovido por Pablo VI a obispo auxiliar y en febrero de 1977 el mismo Papa lo consagró arzobispo en San Salvador, la capital. El más importante prelado del país no era ni comunista ni izquierdista, como después lo acusaron. Era un moderado, simpatizante del Opus Dei, a quien la realidad llevó a defender al pueblo contra la represión de la dictadura. En tres años se jugó su destino. Han pasado 38 años de su asesinato.
El gran cambio en la aventura humana y religiosa de Romero fue el contacto como obispo con los pobres de su país y el horror que le causó la agresión despiadada que sufrían por parte de los militares, la policía y los poderosos.
Uno de sus mejores amigos y más estrechos colaboradores era el padre Rutilio Grande, asesinado poco después que monseñor Romero fue elevado al gobierno de la arquidiócesis. El shock de la pobreza, la injusticia, la represión y el asesinato del padre Grande lo turbaron tanto que convirtió su moderación en abiertas denuncias contra la dictadura militar. “Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: que cese la represión”, gritó al ejército y la policía. En ese momento decidieron que era un enemigo mortal.
El cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez, quien fue estrecho colaborador de monseñor Oscar Romero, al lado de una foto de Romero con el Papa Pablo VI. /V. SOKOLOWICZ
El personaje más nefasto de la tragedia era el mayor retirado del Ejército Roberto D’Aubuisson, ya fallecido, que había fundado el partido ultraderechista ARENA, de apoyo a la dictadura. Fue D’Aubuisson el que en 1980 decidió que había llegado el momento de asesinarlo.
El gran cardenal arzobispo de Milán, Carlo María Martini, escribió que “Romero fue un obispo educado por su pueblo”, la definición más exacta del proceso interior que vivió Oscar Romero y que lo llevó a la lucha y el martirio.
Romero fue profeta de su propio destino. “Si me matan ya los he perdonado a todos. Es aquí que debo morir porque es en medio de mi pueblo que debo resurgir”.
El arzobispo vivía en una modesta “casita”, como llamaban las monjas del hospitalito para cancerosos de la Divina Providencia a la residencia de Romero en el lugar. En la tarde del 24 de marzo de 1980, el arzobispo de 63 años celebraba la misa. Desde fuera del pequeño hospital, a unos 35 metros de distancia, estacionó un automóvil con cuatro elegidos del “escuadrón de la muerte” que D’Aubuisson y sus cómplices, todos identificados, habían decidido enviar para eliminar al religioso más amado del país.
El subsargento de la Guardia Nacional Marino Samayoa Acosta tenía en sus manos un fusil con mira telescópica que le suministraron los militares dirigidos por D’Aubuisson. Cuando monseñor Romero levantó la hostia en la consagración, un disparo certero le cortó la yugular. Murió en pocos momentos, rodeado de las monjitas desesperadas.
Durante 31 de los 38 años transcurridos hasta la santificación de este domingo, la impunidad fue prácticamente total. Gracias a un proceso celebrado en España y otras investigaciones, se conocieron los nombres de los conjurados. El chofer del auto, el subsargento Antonio Garay Reyes, confesó todo. Los cuatro del “escuadrón de la muerte” habían salido de la residencia del empresario Roberto Daglio, donde se planificó la acción. Años después, dos capitanes que participaron hicieron confesiones similares. D’Aubuisson fue el instigador concreto. En 1992 murió de un cáncer en la lengua. Al asesino le pagaron mil colones, unos 114 dólares. El subsargento Samayoa Acosta, que disparó, pertenecía a la patota de seguridad del presidente salvadoreño, coronel Arturo Armando Molina.
El partido ARENA de ultraderecha gobernó El Salvador durante diez años. La guerra civil contra el Frente Farabundo Martí por la Liberación Naciona, costó 75 mil muertos. Actualmente el Frente gobierna el país. Su presidente Salvador Sánchez Cerén, que estará presente en la ceremonia de canonización en San Pedro, era uno de los jefes insurgentes.
El 16 de noviembre de 1989, un grupo de militares invadió el campus de la Universidad Centroamericana y asesinó a seis jesuitas (cinco españoles y un salvadoreños), entre ellos el rector de la UCA, padre Ignacio Ellacuría, una doméstica y su hija de 16 años. La saña que emplearon llevó a la condena en setiembre de 1991 del coronel Guillermo Benavides y otros nueve militares. Dos años después quedaron en libertad gracias a una ley de amnistía. La impunidad volvió a imponerse como en el caso del arzobispo asesinado nueve años antes.
En setiembre de 1978 de ese año murió el Papa Montini y a monseñor Romero le fue muy mal con su sucesor, el polaco Karol Wojtyla, san Juan Pablo II. “Juan Pablo II abandonó a Romero, que quedó así a merced de sus verdugos”, afirmó el monseñor disidente Giovanni Franzoni.
Wojtyla luchaba por la liberación de su patria del comunismo y había hecho una alianza con el presidente norteamericano Ronald Reagan, que incluía una línea dura en Centroamérica contra las guerrillas y la teología de la liberación.
El Papa polaco reprochó a Romero una actitud blanda, cuando la prioridad era combatir contra el comunismo. Monseñor Romero lloró cuando explicó a sus amigos que el nuevo pontífice no comprendía la situación centroamericana. La falta de protección facilitó la acción de D’Aubuisson y los suyos. Años después, Juan Pablo II visitó el Salvador y reivindicó a Romero. Rezó sobre su tumba. Pero era tarde.
En estos días previos a la canonización en San Pedro, en El Salvador, donde Romero fue beatificado en 2015, hubo varias manifestaciones y marchas del silencio que terminaban en los tribunales. “No hay excusas que impidan investigar un crimen atroz, un magnicidio, del que somos víctimas los salvadoreños”, dijo el magistrado fiscal Carlos Rodríguez. Una ley de amnistía aprobada en 1993 había enterrado el caso favoreciendo la impunidad de los asesinos de Romero. En 2016, esa ley fue declarada inconstitucional, pero ni la investigación ni el proceso judicial han sido reabiertos.