El Ecuador afronta una grave crisis de conmoción social y violencia fruto de las actuaciones de la delincuencia organizada transnacional, índices de violencia creciente y actos terroristas que atentan contra la seguridad y soberanía del estado. El sistema penitenciario ha sido uno de los ejes críticos en esta descomposición. Esta situación ha determinado que el Presidente de la República, Daniel Noboa, emita dos decretos ejecutivos.

El primero, del día 8 de enero, dispone “el estado de excepción en todo el territorio nacional, por grave conmoción interna”.

El segundo decreto, de 9 de enero, establece como causal adicional al estado de excepción, la de conflicto armado interno e identifica a los grupos terroristas. Asimismo, dispone “la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actos no estatales beligerantes”.

Los decretos en referencia, en la parte considerativa, se refieren a los cuatro Convenios de Ginebra que contienen el artículo 3, relativo a la protección debida a los civiles en tiempo de guerra. Es decir que, en estas circunstancias, el estado ecuatoriano se compromete a proteger la seguridad y los derechos humanos conforme a los compromisos derivados de los instrumentos internacionales de Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

El Ecuador ha recibido por diversos medios la solidaridad de la comunidad internacional, así como el apoyo a su institucionalidad y al Estado de Derecho. La Cancillería ha tomado contacto con los países y organismos internacionales a fin de obtener el respaldo a la democracia y a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador.

La situación del país exige acciones inmediatas por parte de Cancillería, dentro del ámbito de sus competencias, con el fin de comunicar de manera oportuna el apoyo de la comunidad internacional sobre las acciones que despliega el Gobierno del Presidente Noboa para combatir con firmeza y dentro del marco de la ley y del ordenamiento jurídico internacional, el terrorismo, a la delincuencia organizada transnacional en todas sus manifestaciones, así como para garantizar la seguridad de la ciudadanía en el territorio ecuatoriano.